20 Ago
La constitución de 1876
Por decreto de 31 Diciembre de 1875 se convocan elecciones a Cortes constituyentes, de acuerdo con la ley electoral de 1870, por tanto, por sufragio universal. Con ello, Cánovas, hábilmente, buscaba la aprobación de los progresistas a la futura Constitución. Las elecciones tuvieron lugar en Enero de 1876. Hubo una gran abstención, pero el gobierno se aseguró el triunfo con un 81% de los diputados. Elaborada por una Comisión, la Constitución fue aprobada por las Cortes en el mes de Mayo de 1876. La Constitución de 1876 ofrece un cierto eclecticismo al reunir las influencias de las Constituciones moderada de 1845 (al mantener el principio de la soberanía compartida, planteamiento que lleva a dar al monarca un gran protagonismo en el sistema político) y democrática de 1869 (al incorporar bastantes de los derechos individuales reconocidos por aquélla, aunque su desarrollo posterior en leyes orgánicas permitía una visión, según el color del gobierno, más restrictiva o más avanzada). Cánovas, por tanto, tuvo que transigir para conseguir la aceptación de la nueva Constitución por otras fuerzas políticas. Así, la determinación del derecho de sufragio quedó sin cerrar. El artículo 28 se remitía en tal materia al “método que determine la ley”.
Así, Cánovas, por una ley electoral de 1878 restablecíó el sufragio restringido y, más tarde, Sagasta, en 1890, recuperó el sufragio universal. Otro punto importante, que suscitó encendidas polémicas, fue la cuestión religiosa. El Congreso se dividíó entre defensores de la unidad católica y los de la tolerancia dentro de la línea de la Constitución de 1869; al final se llegó a una fórmula intermedia: la Constitución establecíó un Estado confesional, aunque permitíó el ejercicio privado de otras religiones. En relación a la división de poderes, el rey ejerce el poder ejecutivo a través del gobierno. Las Cortes eran bicamerales. El Senado o Cámara alta estaba integrado por tres clases de senadores: por derecho propio, vitalicios y elegidos. La Cámara baja o Congreso de los Diputados, como ya se ha visto, la Constitución remitía a una ley electoral la amplitud del censo y el procedimiento de elección de aquéllos. En resumen, aunque la Constitución es de carácter moderado, doctrinaria, es lo suficientemente elástica como para ser aceptada por los progresistas. Con ello se trataba de evitar, para lo sucesivo, que cada partido pretendiese implantar “su” propia Constitución tan pronto llegase al poder.
El sistema político oficial: bipartidismo y turnismo
El sistema político de la Restauración se basaba en la existencia de dos grandes partidos, el conservador y el liberal, que coincidían ideológicamente en lo fundamental: defendían la monarquía, la Constitución de 1876, la propiedad privada y la consolidación del Estado liberal, unitario y centralista. Ambos eran partidos de minorías, de notables, que contaban con periódicos, centros y comités distribuidos por el territorio español. La extracción social de las fuerzas de ambos partidos era bastante homogénea y se nutría básicamente de las élites económicas y de la clase media acomodada, aunque era mayor el número de terratenientes entre los conservadores y el de profesionales entre los liberales. El Partido Liberal-Conservador (Partido Conservador) se organizó alrededor de su líder, Antonio Cánovas del Castillo, y aglutinó a los sectores más conservadores y tradicionales de la sociedad (a excepción de los carlistas y los integristas más radicales). El Partido Liberal-Fusionista (Partido Liberal) tenía como principal dirigente a Práxedes Mateo Sagasta y reuníó a antiguos progresistas, unionistas y algunos ex republicanos moderados. Para el ejercicio del gobierno se contemplaba el turno pacífico o alternancia regular en el poder entre las dos grandes opciones dinásticas, cuyo objeto era asegurar la estabilidad institucional mediante la participación en el poder de las dos familias del liberalismo. Cuando el partido en el gobierno sufría un proceso de desgaste político y perdía la confianza de las Cortes, el monarca llamaba al jefe del partido de la oposición a formar gobierno. Entonces, el nuevo jefe de gabinete obténía también del monarca el decreto de disolución de la Cámara y la convocatoria de elecciones, con el objetivo de construirse una mayoría parlamentaria suficiente para ejercer el poder de manera estable. El fraude en los resultados y los mecanismos caciquiles aseguraban que estas elecciones fuesen siempre favorables al gobierno que las convocaba.
El sistema político real: caciquismo y fraude electoral
La alternancia en el gobierno se llevó a cabo a través de un sistema electoral corrupto y manipulador que no dudaba en comprar votos, falsificar actas y medidas de presión sobre el electorado, valíéndose de la influencia y del poder económico de determinados individuos sobre la sociedad (caciquismo). El control del proceso electoral se ejercía a partir de varias instituciones: el ministro de la Gobernación, los gobernadores civiles, los alcaldes y los caciques locales. Este ministro era, de hecho, quien elaboraba la lista de los candidatos que deberían ser elegidos (encasillados). Los gobernadores civiles transmitían la lista de los candidatos «ministeriales» a los alcaldes y caciques y todo el aparato administrativo se ponía a su servicio para garantizar su elección. Si este proceso resultaba insuficiente y se ponía en peligro la elección del candidato “ministerial”, todo un conjunto de trampas electorales ayudaba a conseguir este objetivo: es lo que se conoce como el pucherazo, es decir, la sistemática adulteración de los resultados electorales: manipular las actas electorales, ejercer la compra de votos… Pero en todo proceso electoral era fundamental la figura del cacique. Los caciques eran individuos o familias que, por su poder económico o por sus influencias políticas, controlaban una determinada circunscripción electoral. Cumplían el papel de conectar el ámbito rural o local con el Estado y en su función de intermediarios los caciques intercambian votos por favores.
La guerra en Cuba y Filipinas
Entre la Paz del Zanjón (1878), con la que se había puesto fin a la Guerra de los Diez Años, y el inicio de la última guerra cubana, los gobiernos españoles tuvieron 17 años para introducir en Cuba algunas de las reformas defendidas por los autonomistas isleños. Pero la falta de un verdadero proceso descentralizador que dotase a la isla de órganos representativos, y la política fuertemente proteccionista con que se estrangulaba la economía cubana favorecieron el surgimiento de nuevas revueltas que condujeron a la independencia.
A) La política española en Cuba
El período más idóneo para hacer concesiones a las reivindicaciones cubanas fue el “Gobierno Largo” de los liberales con Sagasta entre 1885 y 1890, cuando el Partido Autonomista Cubano se mostraba decidido a apoyar un programa reformista propiciado por Madrid, que restase fuerza y apoyos sociales a los independentistas. Pero la única medida que se acabó aprobando fue la abolición definitiva de la esclavitud (1886) y que los cubanos tuvieran representación propia en las Cortes españolas, ya que las propuestas de dotar a Cuba de autonomía y de un proyecto de reforma del estatuto colonial de Cuba fueron rechazadas por las Cortes, tanto por los conservadores como por los liberales. Las tensiones entre la colonia y la metrópoli aumentaron a raíz de la oposición cubana a los fuertes aranceles proteccionistas que España impónía para dificultar el comercio con Estados Unidos, principal comprador de productos cubanos a finales del Siglo XIX. La condición de Cuba como espacio reservado para los productos españoles se reforzó con el arancel de 1891, que daba lugar a un intercambio sumamente desigual, lo que provocó un gran malestar tanto en la isla como en Estados Unidos. El presidente norteamericano, McKinley, amenazó con cerrar las puertas del mercado estadounidense a los principales productos cubanos (azúcar y tabaco) si el gobierno español no modificaba la política arancelaria de la isla.En el año 1894, EE.UU. Adquiría el 88,1 % de las exportaciones cubanas, pero sólo se beneficiaba del 37% de sus importaciones. Al fundamentado temor existente en España a que se produjese una nueva insurrección independentista, se sumaba ahora el temor a que ésta pudiese contar con el apoyo de los Estados Unidos.
B) La guerra de Cuba y Filipinas
En el año 1892, José Martí fundó el Partido Revolucionario Cubano, protagonista de la revuelta independentista iniciada el 24 de Febrero de 1895. El gobierno, presidido por Cánovas, respondíó enviando un ejército a Cuba, al frente del cual se hallaba el general Martínez Campos, el militar considerado como el más adecuado para combinar la represión militar con la flexibilidad necesaria para llegar a acuerdos que pusiesen fin al levantamiento. La falta de éxitos militares decidíó el relevo de Martínez Campos por el general Valeriano Weyler, que llegó a la isla con la voluntad de emplear métodos más contundentes que acabasen con la insurrección por la fuerza. Tras el asesinato de Cánovas (Agosto 1897), el nuevo gobierno, presidido por Sagasta, decidíó probar, a la desesperada, la estrategia de la conciliación. Relevó a Weyler del mando y concedíó a Cuba y Puerto Rico gobiernos autonómicos (Noviembre de 1897). Pero las reformas llegaron demasiado tarde: los independentistas, que contaban con el apoyo estadounidense, se negaron a aceptar el fin de las hostilidades, que fue unilateralmente declarado por el gobierno español. Coincidiendo con la insurrección cubana, se produjo también la de Filipinas (1896-97). En este archipiélago, la presencia española era más débil que en las Antillas y se limitaba en buena medida a las órdenes religiosas, la explotación de algunos recursos naturales y su utilización como punto comercial con China.Las consecuencias del 98
La derrota de 1898 sumíó a la sociedad y a la clase política española en un estado de desencanto y frustración. Para quienes la vivieron, significó la destrucción del mito del Imperio español, en un momento en que las potencias europeas estaban construyendo vastos imperios coloniales en Asía y África, y la relegación de España a un papel secundario en el contexto internacional.
A) Repercusiones económicas y políticas
A pesar de la envergadura del «desastre» y de su significado simbólico, sus repercusiones inmediatas fueron menores de lo que se esperaba. No hubo una gran crisis política, como se había vaticinado, ni la quiebra de Estado, y el sistema de la Restauración sobrevivíó al «desastre» consiguiendo la supremacía del turno dinástico. Tampoco hubo crisis económica a pesar de la pérdida de los mercados coloniales protegidos y de la deuda causada por la guerra. Así, la estabilidad política y económica que siguió al «desastre» deja entrever que la crisis del 98, más que política o económica, fue fundamentalmente una crisis moral e ideológica, que causó un importante impacto psicológico entre la población.B) Regeneracionismo
Tras el 98 surgieron una serie de movimientos regeneracionistas, que defendían la modernización de la vida política española, que contaron con cierto respaldo de las clases medias y cuyos ideales quedaron ejemplificados en el pensamiento de Joaquín Costa, que propugnaba la necesidad de dejar atrás los mitos de un pasado glorioso, modernizar la economía y la sociedad y alfabetizar a la población («escuela y despensa” y “siete llaves al sepulcro del Cid»). También defendía la necesidad de organizar la vida política española al margen del turno dinástico con unos nuevos planteamientos que incluyesen el desmantelamiento del sistema caciquil y la transparencia electoral. Además, el «desastre» dio cohesión a un grupo de intelectuales, conocido como la Generación del 98 (Unamuno, ValleInclán, Pío Baroja, Azorín…). Todos ellos se caracterizaron por su profundo pesimismo, su crítica frente al atraso peninsular y plantearon una profunda reflexión sobre el sentido de España y su papel en la Historia.
El levantamiento filipino fue también duramente reprimido y su principal dirigente, José Rizal, acabó siendo ejecutado (finales de 1896) mientras los insurrectos, que habían fundado un movimiento independentista llamado Katipunan, terminaron negociando el fin de la insurrección con el gobierno de Sagasta (Diciembre de 1897).
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